16 octubre 2020
Ep.
El Ayuntamiento de Badajoz se encargará de la obras de urbanización de los terrenos privados situados entre la piscina de la Margen Derecha y el Puente de Palmas, a través de un sistema de "gestión directa", por el que los propietarios o promotores ingresan el coste en la "caja común" del consistorio para que sea este el que inicie, licite y adjudique esos trabajos consistentes en viales públicos y sistemas generales.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa telemática el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que ha informado de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, que entre las propuestas de gastos ha visto esta, relativa a Planeamiento y Gestión Urbanística para el abono de una factura al Registro de la propiedad en relación con el programa de ejecución de la Unidad de actuación 2 del PERI del APD23, por valor de 14.676,45 euros.
Según ha explicado, se trata de la reparcelación de la mencionada zona, donde ya hay un proyecto de urbanización y quedaba pendiente inscribir en el Registro de la propiedad dicho proyecto para iniciar el procedimiento de contratación de esa obra de urbanización.
En este sentido, ha concretado que estos trabajos se van a realizar por el sistema de "gestión directa", por el que los miembros de la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Actuación ingresan el dinero del coste de la urbanización al ayuntamiento, que se ocupa de contratar esas obras "y por tanto de dar salida y de ir cerrando una serie de solares y de zonas en la ciudad" que van a ir "colmatando" y "llenando de espacios útiles, tanto para equipamientos privados como para dotaciones públicas".
Ha detallado igualmente que el importe aproximado de este coste de urbanización estará en torno a los 580.000 o 600.000 euros y que en los próximos días saldrá el contrato a licitación y se subirá a la Plataforma de contratos del sector público para concurrir a esta obra situada en el entorno de la piscina de la Margen Derecha.
OTROS ASUNTOS
Otras propuestas de gastos que han pasado por la Junta de Gobierno Local han sido la liquidación de la obra del proyecto de remodelación de las instalaciones deportivas de La UVA, con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) y en la que la certificación final arrojaba una serie de diferencias entre lo que estaba previamente establecido y lo que ha necesitado.
De este modo, se aprueba la liquidación del proyecto por importe de 21.826 euros, que supone un 7,8 por ciento del valor total del contrato y que, como ha explicado, es una consecuencia de diferentes mediciones entre lo establecido en un inicio y el final en la pista de hormigón en asuntos como una necesidad mayor de movimientos de tierra y mejoras en el edificio-salón.
También se han aprobado varias propuestas relacionadas con la Universidad Popular y las acciones formativas programadas para este curso.
En el apartado de Asesoría Jurídica, Gragera ha citado tres sentencias relativas a responsabilidad patrimonial del ayuntamiento en las que se reclamaban una serie de daños personales, en el primer caso por una caída por el "mal estado" un imbornal en la calle del mercadillo en la que se reclamaba una cantidad de 6.511 euros y ante lo cual el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 ha dado la razón a la vecina, estima la demanda y el consistorio deberá abonar esa cantidad.
Al respecto, ha matizado que al tratarse de una arqueta se estudiará la posibilidad de repercutir esa cuantía a la empresa concesionaria del Servicio de Agua, "responsable como no podía ser de otra manera del mantenimiento de esos imbornales".
En segundo lugar, se trata de una caída por el "mal estado" de losas en la calle Francisco Pizarro de diciembre de 2017. El juzgado estima parcialmente la reclamación que se establecía por parte de otra vecina y se condena al ayuntamiento al abono de 7.059 euros como consecuencia de una fractura de húmero.
La tercera sentencia se refiere a una caída cuando, circulando con la silla de ruedas de su esposo, una "irregularidad" en el estado de pavimento provocó la caída de la silla y una serie de daños por los que se reclamaban 6.220 euros y que también se estima.
Al respecto, Ignacio Gragera ha explicado que el ayuntamiento deberá hacer frente a estas tres sentencias relativas "en su mayoría" a hechos antiguos, sobre lo cual ha abundado en que trabajan por intentar mejorar las condiciones y la situación de la ciudad, y que entienden los "inconvenientes" y que "es complicado a veces atender y llegar a todos lados".
En cualquier caso, ha mostrado el "compromiso" del gobierno local, con los nuevos contratos que han salido en los últimos tiempos y el "esfuerzo" de todos los servicios municipales, a la hora de "ir mejorando las condiciones de la ciudad" para "intentar minimizar en el futuro" este tipo de accidentes.
Seguidamente ha informado de una reclamación de responsabilidad patrimonial por una caída con una arqueta en la Plaza de Minayo y que ha sido desestimada por el ayuntamiento al no ser su "responsabilidad", aunque queda abierta la vía judicial.
