01 septiembre 2020
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El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha participado en la mañana de este martes, día 1, en una reunión con regidores de localidades como Madrid, Valencia, Cádiz, Zaragoza o Santander en la que han acordado reclamar al Gobierno central que sustituya el real decreto actual, que entrega 5.000 millones a los ayuntamientos que entreguen sus remanentes al Estado, por otro que los distribuya sólo en función de la población.
En concreto, la reunión ha tenido lugar mediante videoconferencia con el conjunto de los alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
Según el Ayuntamiento de Badajoz, los alcaldes de estos 30 municipios quieren manifestar su "reivindicación" del papel "fundamental" que han jugado todos los consistorios en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, "independientemente de su color político o de su situación económico-financiera".
Asimismo, destacan que el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos "está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita".
"Los ayuntamientos necesitan imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-Covid que necesitan. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario", plantean.
ACUERDO DE LA FEMP
También muestran su "rechazo" al acuerdo entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda "por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos".
Un acuerdo que, según han expuesto, "vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado".
Y es que, para estos regidores, los criterios acordados para la distribución de esos fondos "no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros".
Del mismo modo, constatan que el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso, por lo que reclaman al Gobierno central que "desista de intentar tramitarlo posteriormente como proyecto de ley". "Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año", han advertido.
Por otro lado y en ese escenario de ausencia de mayoría suficiente para convalidar el decreto, solicitan la apertura "inmediata" del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevan semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones, que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad.
"Tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España", han recordado.
Al respecto, han planteado que esa nueva negociación debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril, para reclamar al Gobierno que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado al transporte público.
"Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica", han señalado, a la vez que han hecho hincapié en que de acuerdo con ese documento, una vez que no sea convalidado el actual decreto, el Gobierno debe elaborar otro, y tramitarlo con carácter "urgente", en el que se recojan las medidas "que sí cuentan con un amplio respaldo político", como el fondo estatal para la financiación del transporte municipal y la flexibilización de la regla de gasto.
Al mismo tiempo, creen que se debe renegociar las medidas que "son rechazadas por una amplísima mayoría para alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la autonomía municipal y el principio de igualdad".
Para ello, reclaman que los ayuntamientos puedan disponer "libremente" de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades.
"Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos", han apuntillado.
Por último, los regidores solicitan el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que piden que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que "defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten".
