13 mayo 2020
Los concejales del PP en todos los ayuntamientos de la provincia de Badajoz van a presentar una moción en la que instan al Gobierno central a garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus propios recursos.
Los populares defienden que los principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.
Asimismo, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), señala que "la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban".
Según el PP, actualmente, se hace "necesario" recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y de gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como, sus diferentes fuentes de financiación, por varios motivos, entre ellos que el Gobierno de España con "un absoluto desprecio" hacía la Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado "injustificadamente" del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.
Según los 'populares', el Gobierno está "estudiando confiscar" el superávit generado en 2019 por las entidades locales, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias.
Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en los últimos 8 años por las entidades locales.
En esta moción, el PP defiende que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de comunidades autónomas y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que "hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas".
Además, en esta "crisis sanitaria, social y económica", derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, han sido "los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus" y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio.
